En el último año, las Entidades Locales – al igual que otras muchas organizaciones – se han visto obligadas a cambiar muchos de sus procedimientos para hacer frente al contexto global que ha traído consigo la crisis del COVID-19.
A pesar de que, históricamente, estas organizaciones han sido resistentes a los cambios y poco dadas a incorporar la innovación en sus dinámicas, esta crisis ha suscitado la necesidad inminente de digitalizar la administración y sus recursos humanos. Si algo está claro es que esta crisis sanitaria ha provocado un cambio en el tablero de juego.
En aquellos Ayuntamientos en los que la cultura innovadora estaba más arraigada, el proceso de adaptación ha sido más sencillo, puesto que ya disponían de las bases y herramientas. Pero, ¿cómo lo están viviendo los municipios en los que la innovación no ha estado en su cartera de prioridades?
La respuesta es sencilla: ante este nuevo escenario, lo que antes era una opción ha pasado a ser una necesidad. Las nuevas demandas sociales y económicas están requiriendo grandes dosis de innovación, sobre todo por parte de los Ayuntamientos, que no dejan de ser las Administraciones Públicas más cercanas a la ciudadanía y al tejido empresarial.
Las consecuencias de este problema, que traspasa el ámbito sanitario, son evidentes, y las Entidades Locales están ya trabajando en la adaptación de sus recursos y servicios a los nuevos requerimientos. Esto, en muchos casos, va a suponer la reinvención de la Administración Local tal y como las conocemos.
Compra Pública de Innovación
En este contexto, la Compra Pública de Innovación (CPI) cobra más importancia que nunca. Este instrumento, que promueve el desarrollo de nuevos mercados basados en la I+D+i mediante la compra de productos y servicios innovadores por parte de organismos públicos, es una clara oportunidad para aportar valor y crear empleo estable y de calidad, que tan necesario es para nuestra recuperación como país.
La CPI establece un canal de comunicación entre las Administraciones y el tejido empresarial. Las Administraciones identifican y comunican sus necesidades y la industria y la empresa proponen soluciones ad hoc para esos retos reales. De esta manera, la CPI sirve de apoyo a la actividad innovadora y se convierte en un instrumento esencial de contratación pública.
