El derecho a una vivienda digna y adecuada está cada vez más amenazado. Tanto los gobiernos nacionales como los locales se enfrentan a grandes retos como son la especulación inmobiliaria, la falta de vivienda pública o la segregación urbana, aspectos que dificultan enormemente el acceso a una vivienda segura, adecuada y asequible para todas las personas.
A esta situación se ha sumado la irrupción de la crisis sanitaria de la COVID-19, que no ha hecho sino agravar la situación y poner de manifiesto cómo una parte importante de la población tiene serias dificultades de acceso a la vivienda a un precio asequible y un gran número de hogares se encuentra en situación de vulnerabilidad social y económica.
En este contexto, más allá del papel fundamental que juega la vivienda en la configuración urbana de la ciudad, esta cobra especial relevancia desde una perspectiva socioeconómica en el desarrollo urbano sostenible. Tanto es así, que la Agenda Urbana Española incorpora el acceso a la vivienda como uno de los diez objetivos de la planificación estratégica de las ciudades.
Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible
En España el parque edificatorio residencial presenta serias deficiencias. Según el diagnóstico de situación de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE), cerca del 45% de los edificios es anterior a 1980, elevándose hasta el 50% en el caso de los edificios de uso residencial, esto es 9,7 millones de viviendas. A su vez, se estima que alrededor de 1 millón de viviendas están en estado deficiente, malo o ruinoso. Además, el 75% de los edificios residenciales no son accesibles y el 40% de los mismos de cuatro o más plantas no tiene ascensor.
En cuanto al parque de vivienda pública, existen 290.000 viviendas sociales en España, lo que representa un 2,5% del parque de vivienda total. Este es un valor muy inferior al de la media de la Unión Europea que es del 9,8%. En el caso del parque público de vivienda de alquiler este porcentaje se reduce hasta el 1,6%. Asimismo, según datos de Eurostat, un 37,4% de la población que vive en régimen de alquiler a precios de mercado gasta más de un 40% de su renta disponible en vivienda.
A la vista de los datos, efectivamente, el parque residencial español no es ni adecuado ni asequible. Para dar respuesta a esta situación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Componente 2 -Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana- movilizará hasta 6.820 millones de euros entre 2021 y 2023 con un doble objetivo. Por un lado, activar un sector de la rehabilitación que permita descarbonizar y mejorar la calidad y confort del parque edificatorio. Por otro, fomentar la construcción de un parque de vivienda de alquiler social.
La componente está formada por seis programas. De todos ellos, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) gestiona directamente cuatro con una dotación de 5.520 millones que se distribuirá de la siguiente forma: 2.970 millones para la rehabilitación residencial de 510.000 actuaciones, 1.000 millones para la construcción de 20.000 viviendas para alquiler social, 450 millones en deducciones fiscales y 1.100 millones en avales para las comunidades de propietarios.
La aprobación de estos programas se anunció, precisamente, la semana pasada en el marco del Foro Urbano de España. Por un lado, el nuevo Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria. Este regula las deducciones fiscales y la línea de Avales del Estado e introduce pequeñas modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana con el fin de favorecer la realización de obras de mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética.
Por otro lado, el nuevo Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social, articula los planes en seis programas: los cinco primeros están vinculados a las actuaciones en materia de rehabilitación, y el sexto está vinculado al impulso de la construcción de vivienda de alquiler social.
Garantizar el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables
La situación de vulnerabilidad está asociada a una segregación espacial dentro de las ciudades debido a que los colectivos vulnerables se ven abocados a ubicarse en aquellos lugares donde la vivienda es más asequible, pero también está peor dotada, en barrios con deficiente calidad ambiental, más distanciados del trabajo y de los equipamientos, y frecuentemente con problemas de aislamiento físico y de accesibilidad. En este sentido, atender a estos colectivos y facilitar el acceso a la vivienda resulta imperativo para conseguir una sociedad más resiliente y garantizar una recuperación más justa e inclusiva.
En este contexto, el proyecto del nuevo Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 incluye diversos programas con este fin. Estos son el Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, el Programa de ayuda a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad sobrevenida o el Programa de ayuda a los jóvenes y para contribuir al reto demográfico. Asimismo, ante la necesidad de avanzar en un concepto de habitabilidad adaptado a las necesidades de las nuevas configuraciones familiares y a las actuales condiciones de vida, el Plan también promoverá otras modalidades de vivienda como alojamientos temporales, modelos de cohousing o viviendas intergeneracionales.
Además de las inversiones y el Plan de Acceso a la Vivienda, la componente incluye unas reformas legales, como la aprobación de la Ley de Vivienda. De entre los objetivos de esta futura Ley, que está siendo muy discutida en cuanto a su contenido definitivo, destacan la regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general, el blindaje de la función social de la vivienda, la promoción del desarrollo de parques públicos de vivienda estables, el refuerzo del derecho a una vivienda digna a precio asequible y la transparencia, seguridad e información como garantía del derecho a la vivienda.
Así pues, queda de manifiesto cómo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estrategia que canalizará los fondos europeos Next Generation, se alinea perfectamente con la Agenda Urbana Española, ofreciendo respuestas directas a los objetivos específicos que plantea en materia de vivienda y presentándose como una gran oportunidad para alcanzar el propósito fundamental: lograr un parque de viviendas digno, adecuado, asequible y suficiente para satisfacer las necesidades sociales, sustentado sobre un parque edificatorio de calidad.
